Costo limita competitividad de Puerto Rico, aseguran en vista pública

Por Antonio R. Gómez / antonio.gomez@gfrmedia.com

Jaime L. García, director ejecutivo de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, resaltó la necesidad de sustituir la energía derivada del petróleo. (Archivo)

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA) insistieron hoy, viernes, en la importancia de los subsidios y créditos que se le conceden a diversas empresas para aliviar sus gastos por concepto de consumo de energía.

La defensa de los subsidios y créditos se centró en argumentar sobre el obstáculo que representa para la competitividad de la Isla el alto costo de la electricidad.

Portavoces del DDEC y PRMA comparecieron ante la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado, que evalúa los subsidios que se le han impuesto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la deuda que mantienen agencias y corporaciones del gobierno con esta agencia.

En representación de los industriales, el director ejecutivo de PRMA, Jaime L. García, sostuvo que un factor importante al presente es “crear un tarifario para el sector productivo del País que incentive la creación de empleos y la sustitución de energía derivada del petróleo, por energía de fuentes renovables”.

Indicó que esas tarifas deben estar atadas a criterios de efectividad, que sean medibles y sustanciales para mantener una política de incentivos coherente. “Si se incentiva un sector industrial o comercial con preferencia de otro, debe estar atado a una política de desarrollo del sector con métricas definidas”, agregó.

El director de la Oficina de Asuntos Contributivos y Legislativos de la Compañía de Fomento Industrial, Edgardo Arroyo, destacó, por su parte, que aunque la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico es sumamente atractiva, “lo cierto es que en el renglón de los costos operacionales, el costo de energía es uno que nos resta competitividad con otras jurisdicciones”.

Recalcó que para ser competitivo Puerto Rico necesita que el servicio de energía eléctrica sea uno confiable y a un costo razonable para promover el desarrollo del país.

Informó que el programa que concede tarifas especiales de incentivo a las industrias nuevas o con expansiones solo aplica en estos momentos a dos empresas farmacéuticas ambas. Otras seis, indicó, están negociando extensiones.

Por otro lado, agregó Arroyo, que el crédito que concede la Ley 73 para los clientes industriales tuvo un costo de solo $1.5 millones para la AEE el pasado año, aunque reconoció que la responsabilidad de esa corporación pública aumenta gradualmente todos los años, hasta alcanzar el 80% de su costo en el fiscal 2017-2018.

Aclaró que durante ese mismo periodo el crédito, que este año es de un 10%, se irá reduciendo gradualmente hasta llegar a un 5% en el año 2017.

El representante del DDEC recalcó que “la aportación del sector de la manufactura al Producto Interno Bruto es de un 45.6%”, de esta cifra el sector de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos aportan un 65.3%”. Añadió que “de igual forma, el sector farmacéutico contribuye con alrededor de 20,000 empleos directos”.

El presidente de la comisión senatorial, Ramón Luis Nieves, anunció al concluir la audiencia que esta fue la última de varias para discutir este asunto y que en los próximos días se estará trabajando en el proyecto de ley que someterá para atender los subsidios que tiene que reconocer la AEE y que al final pagan sus consumidores y la situación de la deuda de las agencias del gobierno con la corporación.