En testimonio ante la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, la presidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Waleska Rivera,  se opuso a la aprobación del P. de la C. 1180 que propone  enmendar la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de aumentar las licencias de maternidad y paternidad.

La titular de los Industriales destacó que los servidores públicos de Puerto Rico, disfrutan de una amplia gama de beneficios marginales entre los que se encuentran:

  1. 30 días naturales de vacaciones
  2. licencia por enfermedad que se acumula y llega al extremo de desembolsarse “liquidarse” anualmente el exceso de 90 días –mal llamado enfermito- lo cual representa un costo de millones de dólares del erario publico
  3. Una gran cantidad de días festivos con paga (21), lo cual reduce la productividad del país.
  4. Además de una licencia por maternidad con paga de 12 semanas para las madres y de 1 semana para los padres.

En tiempos de crisis económica, el gobierno debe estar enfocado totalmente en cómo reducir el déficit estructural que se estima en más de 1,000 millones de dólares. No es el momento para aprobar medidas que aumentarán los costos de nómina del erario público y disminuye aún más la productividad del sector público, añadió.

Cuando en nuestro hogar o en nuestras empresas tenemos una baja en ingresos, hacemos ajustes y cortamos gastos.  El gobierno debe hacer lo mismo. Todos estos beneficios y gastos operacionales gubernamentales los terminamos pagando los contribuyentes, el sector productivo del país, apuntó la presidenta de los Industriales.

Los Industriales entienden que la Ley 184 del 2004 protege adecuadamente las necesidades de los servidores públicos.  Además, como suplemento a la protección de la mencionada ley, existe la legislación federal del Family Medical Leave Act, de 1993, (conocido como Licencia Medico Familiar), que aplica también a los servidores públicos estatales y municipales y provee una licencia sin paga, hasta por 12 semanas, en la cual se protege el trabajo de aquel empleado, cuando entre otras razones, se ve en la necesidad de cuidar al recién nacido dentro de su primer año.  Dicha medida protege el trabajo del empleado gubernamental–tanto al padre o a la madre- y le da tiempo para atender sus necesidades,  al igual que a los empleados del sector privado que no tienen tantos beneficios como el sector público.

 

Medidas como esta  -que aunque con buenas intenciones demuestran poco juicio fiscal- fomentan la falta de productividad a la vez que incrementa la dejadez y demora en el ofrecimiento de servicios públicos al tener más empleados en licencia.  Este país necesita enfocarse en mejorar significativamente los servicios públicos y estimular la actividad económica productiva, concluyó la titular de los Industriales.