El presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Carlos Rivera Vélez rechazó el B2B y recomendó que las disposiciones de la Ley 72 a tener vigencia el 1 de octubre sean derogadas ya que van a ocasionar otro aumento inflacionario en comparación con los recaudos estimados de $30 millones que recibiría Hacienda de establecerse este impuesto.  El titular de los Industriales destacó el impacto detrimental de este impuesto al sector manufacturero y servicios, sector que mantiene a flote la economía de Puerto Rico.

Para mitigar el efecto adverso que tendrá este sistema contributivo complejo, llevamos meses enviando a la legislatura lenguaje sugerido con el propósito de atenuar el posible impacto a la economía, indicó el presidente de los Industriales. La Ley 72-2015 ha creado un complejísimo sistema tributario que contradice totalmente los objetivos de tener un sistema simple y administrable de impuesto al consumo. Al pretender continuar con algunas de las políticas y conceptos del sistema del IVU que son inconsistentes con un IVA, se ha creado un sistema híbrido con complejidades innecesarias y grandes retos para su cumplimiento y fiscalización.

El impuesto a los servicios entre negocios de 4%, no acreditable, claramente tiene el efecto cascada que ocasiona distorsiones como la inflación en una economía. La AIPR ha estado activamente trabajando para tratar de reducir el impacto adverso inflacionario de este impuesto dentro del contexto de una economía en recesión. En la discusión que se viene generando en la legislatura, estos lenguajes requieren un nivel adicional de atención para que logren su objetivo de reducir el impacto inflacionario que se ocasionará por haber aprobado un impuesto al consumo con la intención de gravar al comercio. ¡Estamos aún a tiempo de evitar que sigamos impactando con nuevos impuestos al sector productivo del país!, concluyó.