El pasado domingo, el Ex-Presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, dejó saber que le había solicitado al Grupo de Trabajo del Congreso, presidido por el Senador Hatch, que no aprobara una nueva Sección 936 y procedió a enumerar las razones por las cuales hizo tal pedido. Su argumento principal es que las empresas que se acogieron al incentivo no generaron empleos, no pagaron salarios justos y no hicieron nada por el desarrollo sostenido de Puerto Rico.

La Asociación de Industriales (AIPR) entiende que los señalamientos del Sr. Aponte están equivocados en cuanto al impacto de la Sección 936. Basta mencionar que una vez eliminada dicha Sección, la manufactura pierde 90,000 de los 165,000 empleos que tuvo en el 1995 y que esos empleos generaban salarios muy por encima del salario promedio de la Isla. Más recientemente, es un hecho que las empresas que operan con decretos de exención generan alrededor del 35% de los ingresos del fisco. No es casualidad que la contracción de nuestra economía, que ya lleva 10 años, comienza precisamente al finalizar la Sección 936, indicó Rodrigo Masses, presidente de la AIPR.

Lo solicitado por la Coalición del Sector Privado al Grupo de Trabajo, no es volver a la Sección 936, aunque el propio Senador Hatch ha reconocido el grave daño que se le hizo a Puerto Rico al eliminarla. Lo que se propone es un incentivo que está muy en línea con la política pública de los Estados Unidos de repatriar los 3 millones de millones de dólares ($3 trillion, en inglés) que corporaciones norteamericanas mantienen fuera del país. La propuesta consiste en que Puerto Rico sea el conducto para esa repatriación y, para lograrlo, se proveería un incentivo contributivo federal a las empresas que así lo hagan e inviertan en Puerto Rico. Los dividendos que se beneficien del incentivo tienen que ser resultado de ingresos generados por la producción en Puerto Rico.

¿Por qué es necesario el incentivo? Primero, porque todos nuestros competidores los tienen, sin excepción. Segundo, porque Puerto Rico tiene que ofrecer incentivos para compensar por leyes federales como la del salario mínimo, laborales y ambientales. Estos costos minan nuestra capacidad competitiva al compararnos con países que no tienen estos requisitos. Tercero, porque es fundamental para nosotros contar con un sector manufacturero de alto valor añadido como el eje de nuestro desarrollo futuro y cuarto, porque es necesario poner en marcha mecanismos que rápidamente puedan estimular la inversión productiva.  El Gobierno no tiene, ni tendrá en varios años, la capacidad de estimular la inversión.

 La Asociación de Industriales entiende que los incentivos, aunque muy necesarios no son suficientes y, por eso, ha recomendado al Grupo de Trabajo medidas conducentes a reducir los costos de energía, fortalecer la industria aeroespacial, y mejorar el acceso de nuestras empresas al proceso de compras del gobierno federal, entre otras medidas que mejoran nuestra capacidad competitiva, concluyó el titular de los Industriales.