Hoy habrá de ser considerado por el pleno del Senado de Puerto Rico el P. de la C 2482 el cual propone enmiendas al Código de Rentas Internas de 2011 y aumentar a 11.5% el Impuesto sobre el Consumo (IVU) entre otros. El proyecto fue radicado por el Gobernador el martes pasado y aprobado por la Cámara de Representantes el miércoles mediante un proceso “fast track”, sin la celebración de audiencias públicas.

El proyecto dispone entre otras cosas aumentar el IVU de un 7% a un 11.5% a partir del 1ero julio y la imposición de ese tributo entre negocios (B2B) con vigencia hasta el 30 de septiembre.

Al igual que con otras propuestas fallidas de este cuatrienio, estas propuestas son costosas, difíciles de implantar y afectarían principalmente a profesionales y a empresas pequeñas y medianas locales. En particular las medidas que impondrían el IVU a transacciones entre empresas.

El impacto de las propuestas en los proyectos de ley se notaría en un aumento en el costo de operaciones de las empresas, no solamente por el aumento en impuestos sino por el costo de cumplimiento con la nueva legislación, algo que en Puerto Rico ya es alto (ver, Paying Taxes:2013, Banco Mundial y PriceWaterhouseCoopers). El costo sería particularmente alto para empresas pequeñas y para profesionales sin una estructura administrativa de apoyo. En el sector de la construcción, por ejemplo, establece un diferencial en costos entre empresas que tienen los servicios “in house” (diseño, ingeniería estructural, etc.), que son las de mayor tamaño, y aquellas que tienen que contratar dichos servicios y pagar el nuevo impuesto sobre estos servicios, que son las más pequeñas.

En vista de la condición actual y las perspectivas para la economía de Puerto Rico, lo sugerido en este proyecto de ley podría tener consecuencias negativas sobre la posibilidad de reactivarla. Son, además, contrarias a prioridades de política pública como son el estímulo a la empresa pequeña y mediana, creación de empleos y otras.

No podemos seguir gravando al sector productivo del país.  Los principales países competidores de la isla también se han enfrentado a graves crisis fiscales y han trabajado de la mano con el sector empresarial para fortalecer la relación a largo plazo, para ayudar a restaurar la salud de las finanzas públicas, mientras se trabaja en mantener la confianza en la economía.

Aunque la materia prima dedicada a la manufactura estará exenta de tributación no así los servicios sujetos a B2B a partir de octubre. El impacto detrimental en la industria de manufactura es considerable. Bajo las disposiciones propuestas en el proyecto ante la consideración del Senado, estas cantidades no son recobrables o acreditables. Entre estos servicios se encuentran los utilizados por las industrias para sistemas de información, control de calidad y asistencia técnica en la producción.

El líder de los Industriales, Carlos Rivera Vélez, apuntó: “Hago un llamado al Presidente del Senado para que ejerza su liderato con sus compañeros y pondere cuidadosamente el impacto que esta legislación tendrá en la industria y en el sector productivo del país. Nos preocupa, al igual que al pueblo en general, que un impacto económico como este que envuelve un aumento en los impuestos e imposición de otros, atenta directamente al bolsillo del puertorriqueño así como al comercio. Nos preocupa y consterna que esto sea tratado tan apresuradamente cuando a su vez tiene el efecto de encarecer la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Una economía tan delicada y con la crisis fiscal que confrontamos, no puede soportar un impacto más. Ante la disyuntiva del Secretario de Hacienda con la aplicación de las enmiendas aplicables al sector de alimentos, al punto que el viernes pasado adelantó su intención de desacatar los términos de tiempo establecidos para la implantación de los cambios es el momento para considerar y discutir las mismas sin prisa. Como dice el dicho popular: el remedio puede ser peor que la enfermedad”.